AUTORA: Ilargi Gorostegi
EL COSTE SOCIOECONÓMICO DE LA OBESIDAD
El incremento que se viene produciendo en términos de obesidad se debe fundamentalmente a dos factores, por un lado, el consumo excesivo de alimentos de gran contenido calórico y, por otro, la disminución de la actividad física, imponiéndose un estilo de vida cada vez más sedentario.
Las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad suponen un amplio espectro de complicaciones, tales como la hipertensión arterial, hiperinsulinemia, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, el agravamiento de enfermedades relacionadas con el asma bronquial… [1] muchas de ellas ya tratadas en nuestro blog. Asimismo, la obesidad está vinculada al 60% de las defunciones debidas a enfermedades no contagiosas [2].
Las consecuencias de la obesidad trascienden lo puramente estético para adquirir su auténtica dimensión en relación con las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, de gran repercusión económica y sociosanitaria, lo que justifica sobradamente la necesidad de convergencia de esfuerzos hacia la prevención primaria y secundaria.
¿ESTAMOS TAN PASADOS DE PESO?
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
Es una medida útil, cierto; sin embargo, hay que considerarla a título indicativo o como referencia complementaria porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas [3].
Cuando todavía los ciudadanos no se acaban de creer que esta es una enfermedad que les puede matar, los políticos no dan crédito al problema socioeconómico al que se enfrentan.
Todavía existe la creencia de que es una cuestión de voluntad y que uno está gordo porque quiere, pero el problema real es muy distinto. Hoy día es la enfermedad más prevalente del mundo; es un mal estructural propio de la sociedad occidental, imbricado en nuestro estilo de vida, y que gracias a la globalización de nuestra cultura ya no se limita sólo a los países industrializados, sino que afecta también a los que están en vías de desarrollo.
La obesidad afecta a todos se quiera o no, y está creciendo sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida eficaz para atajarlo, y cuesta creer que vaya a ser así.
En general afecta a todos los tramos de edad, a ambos sexos y se ha convertido en alarmante entre los niños y jóvenes, en los que se encuentra que más del 10% de ellos están obesos y además padecen obesidades más severas que en décadas anteriores asociadas a diversos factores de riesgo cardiovascular [4].
En las últimas décadas, numerosas voces en el ámbito científico y social venían advirtiendo de la magnitud del problema. Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 llamó la atención de la comunidad internacional acerca del crecimiento alarmante de la obesidad en el mundo, calificándola como la epidemia del siglo XXI por complicaciones relacionadas no sólo con la salud sino con la calidad de vida y con aspectos sociales, y que conlleva unos gastos que hoy superan en países desarrollados a los de problemas sociosanitarios de gran envergadura como el alcoholismo o el tabaquismo, pero además tiene un agravante importante, que su crecimiento es por el momento imparable.
Para hacerse una idea del coste de la obesidad, en EEUU ascendió en el año 2000 a 117 millones de dólares, lo que supuso el 10% de su gasto sanitario global, cifra que supera en más de 100 millones de dólares el coste estimado de lo que supondría prevenir el SIDA en África, Asia y América Latina durante el año 2005.
Este crecimiento tan espectacular está relacionado de forma indudable con los cambios en la alimentación y en la actividad física que han tenido lugar en los últimos 20 años, cambios relacionados con opciones de estilo de vida que se eligen en base a muchas variables que tienen que ver con la educación, la cultura o el trabajo, pero también con la comodidad (las horas disponibles de ocio o para cocinar) o simplemente con el coste. Es decir, se eligen las opciones que resulten más asequibles, más cercanas, más cómodas, más saludables, más divertidas y, por qué no, más baratas [4].
LOS COSTES SOCIALES
La cuantificación del impacto de la obesidad no es trivial, debido a la dificultad de estimar el riesgo de padecer alguna de las enfermedades crónicas que supone el exceso de grasa corporal. Sin embargo, parece claro que los obesos tienen una esperanza de vida reducida y que requieren la utilización de recursos sanitarios con mayor frecuencia y más intensidad que las personas no obesas.
Para enmarcar el problema, en los 15 estados miembros de la Unión Europea antes de la ampliación de 2004, las muertes anuales atribuibles al exceso de peso fueron aproximadamente 279.000 (el 7,7% de todas las muertes), y variaban desde un 5,8% en Francia a un 8,7% en el Reino Unido [5]. Con fines comparativos se puede decir que, al menos una de cada 13 muertes anuales producidas en la Unión Europea probablemente está relacionada con el exceso de peso. En el caso de España, cada año son atribuibles al exceso de peso (índice de masa corporal ≥ 25) unas 28.000 muertes de adultos, el 8,5% de todas las muertes ocurridas (1 de cada 12). Asimismo, diversos estudios apuntan a que las personas obesas, en especial las mujeres, presentan una calidad de vida significativamente menor que las personas con normopeso.
El impacto sobre la salud no sólo consiste en una menor esperanza de vida sino en una peor calidad en los años vividos.
Un reflejo de la carga para la salud que representa la obesidad son los recursos empleados en la prevención primaria y secundaria, y en el tratamiento de las enfermedades asociadas a la obesidad.
Desde una perspectiva macroeconómica, el país donde se ha estimado que mayores recursos sanitarios se asocian con la obesidad es EEUU, con un 5,5 – 9,4% de su gasto sanitario. En otros países, como Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Portugal, se ha estimado que la obesidad ocasiona entre un 2 y un 3,5% de los gastos sanitarios [5].
En España, según los datos aportados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 2012, el coste de la obesidad podría suponer el equivalente al 7% del coste sanitario del Sistema Nacional de Salud Español, en cifras absolutas arroja la friolera de 5.000 millones de euros al año.
Las personas con sobrepeso u obesidad en su juventud y madurez requieren mayores recursos sanitarios, comparados con individuos con normopeso.
Fuera del ámbito sanitario, otro coste social relevante sería la reducción de la productividad laboral de las personas obesas. En este sentido, se observa que estas presentan menores tasas de participación laboral y tienen salarios más bajos que las personas con normopeso [5].
En todo caso, de los estudios se concluye que el impacto individual, familiar y social de la obesidad es de gran relevancia, y es necesario subrayar que la obesidad como enfermedad de carácter epidémico no se distribuye de manera homogénea por razón de sexo, clase social, nivel de estudios ni zona de residencia (rural/urbana) [5]. Por tanto, sus consecuencias negativas tampoco se distribuyen homogéneamente.
CAUSAS (IN)DIRECTAS DE LA OBESIDAD
Las causas directas de la obesidad residen en una dieta inadecuada y en la ausencia o insuficiencia de actividad física. Desde el fin de la segunda Guerra Mundial se vive una relación diferente con el entorno alimentario, lo que se ha llamado «transición nutricional», caracterizada por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. No obstante, se debe reconocer la dificultad del estudio de los determinantes directos de la obesidad, así como de realizar comparaciones entre países. Por ello, es útil tratar de identificar las vías o causas indirectas que afectan tanto a la dieta (ingesta calórica y composición) como a la actividad física (en la escuela, el trabajo y en el tiempo libre).
Durante el siglo XX se produjeron en España importantes cambios socioeconómicos que han repercutido en el consumo de alimentos y, por tanto, en el estado nutricional de la población [6]. Una de las estipulaciones de la teoría de la demanda es que los individuos sustituirán productos de acuerdo con la evolución de sus precios relativos.
Si los precios relativos de bienes saludables, como las frutas y las verduras, se incrementan mientras los de productos ricos en grasas hidrogenadas, trans y poliinsaturadas disminuyen o aumentan en menor medida, los individuos tenderán a sustituir unos por otros.
De la misma manera, si el coste de comer en el hogar se incrementa frente al de comer fuera del hogar, los individuos tenderán a sustituir comidas más equilibradas en casa por comidas menos saludables fuera de ella.
Adicionalmente, los cambios tecnológicos han afectado a la industria de la alimentación, aumentando la oferta de comida en general y de comida preparada en particular. Uniendo esta situación con los cambios en los precios relativos de los alimentos no elaborados y los cambios en los usos del tiempo en las familias, el coste de oportunidad de preparar alimentos frescos no elaborados es notablemente superior al de hace unos años. Se conoce que el número medio de calorías por persona y día aumentó notablemente entre los años 1970 y 2001, y que el porcentaje de grasas en la ingesta fue creciente en este mismo período [5].
Otros cambios tecnológicos y sociales se manifiestan con notable influencia como causas indirectas del tema que nos ocupa. En primer lugar, la mayor participación laboral femenina supone un aumento del número de parejas en que ambos miembros participan en el mercado de trabajo, sin que los varones hayan modificado sustancialmente su aportación al trabajo doméstico. Ello supone cambios relevantes en las decisiones familiares de reparto del tiempo entre el trabajo laboral, el trabajo doméstico y el ocio.
En segundo lugar, cada vez es más frecuente el número de hogares con vehículo propio (o con varios) y la sustitución del transporte colectivo o del caminar para desplazarse desde el hogar hasta el trabajo o para realizar actividades cotidianas (compras, ir a lugares de ocio…).
En tercer lugar, la «tercialización» de la economía y la aplicación de nuevas técnicas agrícolas e industriales reducen el nivel de exigencias físicas requerido para numerosas actividades profesionales en comparación con las labores desempeñadas por nuestros padres y abuelos. El mismo argumento se puede extrapolar al ámbito del trabajo doméstico.
Sin querer agotar la lista, una mayor sensación de inseguridad a la hora de que los niños jueguen en la calle, un mayor consumo de televisión (tanto por parte de la población joven como de la población de más edad), otros cambios hacia patrones de ocio sedentarios y, en suma, modificaciones en el uso del tiempo de las familias, pueden ayudar a explicar los cambios en la actividad física que se están experimentando en los últimos años.
¿QUÉ HACEN LOS POLÍTICOS?
La identificación de la obesidad como problema y desafío de las próximas décadas está empezando a reconocerse, tanto entre la sociedad como políticamente. Por ejemplo, se dice que España se encuentra en el comienzo del desarrollo de políticas para disminuir sus efectos [5]. Llevar a cabo la formulación y la puesta en marcha de planes de acción en el contexto de una política para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad exige un claro y actualizado conocimiento de los patrones de consumo alimentario y de la actividad física de la población, así como de las múltiples políticas, directas, indirectas y no intencionadas, a las cuales se dirigen estos instrumentos de salud pública
Las políticas ambientales, sociales, laborales y, por supuesto, las educativas, entre otras, tienen una función que supera con creces la responsabilidad individual. Lógicamente, las decisiones de ingerir determinados alimentos en determinada cantidad y de realizar o no actividad física corresponden en último término a cada individuo y, por ello, se deberá respetar el principio de libertad individual.
Esto no supone, en cambio, caer en la ingenuidad de que en el análisis y las propuestas políticas no se deban considerar los factores del entorno próximo y social, en sentido amplio. Así, respetando las decisiones individuales, los responsables públicos tienen el deber de informar a los ciudadanos sobre las consecuencias de sus acciones y de crear entornos propicios para que la población desarrolle hábitos saludables [5].
Una labor clave de la comunidad científica será orientar las políticas saludables mediante el estudio y el análisis de las intervenciones que tendrían un resultado favorable en la prevención de la obesidad, de manera que el decisor público (y el privado) pueda asignar sus recursos del modo más eficiente posible a la hora de implementar políticas basadas en la “evidencia”.
Así, antes de proponer aumentar los impuestos sobre ciertos tipos de alimentos, valdría la pena:
1. Simular los impactos fiscales que ello tendría sobre las familias de rentas bajas para evitar indeseados problemas de regresividad.
2. Reforzar las políticas de control tabáquico y desarrollar incentivos para que las personas que deseen abandonar este hábito hagan más ejercicio.
3. Premiar a las empresas que, además de promover la conciliación entre vida laboral y familiar, favorezcan el que sus empleados puedan optar por desarrollar una cierta actividad física.
4. Reforzar el papel de la actividad física y de la alimentación en los planes de estudio de educación primaria, secundaria e incluso universitaria, y distinguir a los centros que concilien estas actividades con comedores escolares de calidad.
5. Estudiar las estrategias óptimas de mejora de la educación en salud de la población en general, así como de entrenamiento de los profesionales de la salud en relación con el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la obesidad.
6. Diseñar incentivos para que los servicios de “catering” provean menús saludables, y promover las instalaciones deportivas comunitarias.
7. Por supuesto, los responsables públicos y las instituciones privadas deberían regular y supervisar los mensajes publicitarios relacionados con la alimentación, especialmente los dirigidos a niños.
8. Además, se requieren mejores bases de datos (p. ej., una encuesta nacional de alimentación y nutrición) como parte de un sistema encargado de suministrar información científica, accesible, objetiva y útil para la toma de decisiones, y fomentar el trabajo de equipos multidisciplinarios que integren enfoques salubristas y sociales.
En este sentido, desde Powerexplosive pretendemos crear un entorno hacia unos estilos de vida más saludables informando a todos vosotros a través del blog y consultas sobre entrenamiento, educación nutricional, mejoras a nivel físico y sobre la actividad física y rendimiento. Intentamos facilitar el progreso en vuestros objetivos.
CONCLUSIONES
La obesidad es una enfermedad que va en aumento y no para de crecer, afectando a una gran parte de la población, tal y como demuestran los datos. Si bien es difícil hacer un cálculo estimado del coste que tiene esta enfermedad, para así poder verificar la efectividad de las medidas tomadas y la financiación presupuestada, es innegable que se debe seguir financiando la investigación en ámbitos de la salud para poder paliar los efectos en la sociedad.
Es decir, las políticas deben ir encaminadas a financiar un problema que si no se le pone remedio no parara de crecer. El remedio, como hemos visto, pasa por potenciar programas con base en la dieta y el ejercicio físico.
Bibliografía
1. Martínez López, E.J. Sobrepeso y obesidad infantil. Pautas para la educación nutricional y actividad física en el tratamiento educativo. Respuestas a la demanda social de actividad física. Gymnos, Madrid. pp. 257-269.
2. Moral, J.E; Lara, A.J; Miranda, M.D. La obesidad: tipos y patologías. Quadrizeps, vol.6, núm 2, pp. 51-62.
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). Plan de acción mundial frente a las enfermedades no transmisibles. Mayo, 2008.
4. Monereo Megías, Susana y Molina Baena, Begoña. Costes sociosanitarios de la obesidad. Revista humanidades médicas. Monografía Nº6, 2004, pp.179-191.
5. Oliva, Juan; González, Laura; Labeaga, José M.; Dardet, Carlos Álvarez. Salud pública, economía y obesidad: el bueno, el feo y el malo. Gaceta Sanitaria, vol. 22, núm. 6, noviembre-diciembre, 2008.
6. Aranceta Bartrina, Javier; Pérez Rodrigo, Carmen; Serrá-Majem, Lluis. Epidemiologia y prevención de la obesidad infantil y juvenil. Revista humanidades médica, 2006, pp.125-137.